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Los jueces, alarmados por el aument o de agresiones de menores a sus padres

 

 


Un joven, menor de edad, propina a su madre un empujón, un golpe en la cabeza y una patada en la espalda. Inmediatamente después de los hechos, el adolescente se marcha de casa. Esta escena, ocurrida en un domicilio sobre las cinco y media de la tarde del 23 de septiembre del año pasado –según consta en la sentencia dictada por el Juzgado de Menores, que condenó al agresor a nueve meses de libertad vigilada y a realizar un programa formativo laboral–, es algo cada vez más habitual.

Las alarmas se han disparado. Si hace unos tres años ya se detectó un repunte de la violencia ejercida por menores de edad sobre el resto de la familia –padres, hermanos, abuelos...–, desde hace unos meses la problemática ha vuelto a surgir, según se reconoce desde todos los sectores implicados. Además, sólo en esta semana el juez ha tenido que dictar dos medidas cautelares a jóvenes respecto a sus padres, cuando en todo el primer trimestre fueron tres, según reconoce el juez Jesús María del Cacho.


La situación ya la denunció a mediados de marzo la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ante el Parlament de Catalunya,  Teresa Compte. La Fiscalía de Catalunya detectó en 2011 un aumento del 55 por ciento de las agresiones de menores a sus padres, que pasaron de 220 en 2010 a 342 este año pasado.

Situación preocupante

Compte considera «preocupante» este aumento, que atribuye también a una «cifra negra», que podía haber hasta ahora y puede seguir existiendo, de agresiones que no se denunciaban antes y ahora sí. Aun así, admite que todavía hay muchos padres que no acaban denunciando los casos o retiran la acusación por las consecuencias penales que puede tener para sus hijos, como el alejamiento o el internamiento.

La fiscal superior no quiso sacar conclusiones definitivas. Según ella, cada vez los progenitores se atreven a denunciar más casos, pero todavía hay muchos que no lo hacen o que intentan retirar la denuncia una vez avanzada la investigación, cuando se dan cuenta de las consecuencias que puede tener. Compte aseguró que hay que hacer «todo lo posible» para que se denuncien los casos, tanto desde la justicia como desde los hospitales, los servicios sociales u otras entidades.

«Se tienen que denunciar los malos tratos porque los menores tienen que encontrar un límite», subraya el magistrado Del Cacho, que desde hace siete años está al frente del Juzgado de Menores de Tarragona. Él ha recibido en su despacho a padres solicitando ayuda, una ayuda que sólo puede pasar por orientar a la persona hacia los servicios sociales o hacia un profesional que le asesore. Achaca el problema en buena parte a la actual situación de crisis: «Los padres están más tiempo en casa, la convivencia aumenta y provoca que surjan más problemas». Los padres no tienen dinero y ya no pueden decir que ‘sí’ a muchas cosas, y el joven no lo acepta».

Desde el último trimestre del año pasado se ha visto un incremento del número de casos de violencia hacia los padres. «Es una percepción que se tiene tanto desde la Fiscalía como desde los Serveis Tècnics.

Es un problema que está en la sociedad», asegura el magistrado, quien apunta que no hay ningún patrón común: hay menores con trastornos psíquicos, otros que han sufrido una falta de correcta educación, o bien aquellos que forman parte de una familia autoritaria o permisiva. Ambos extremos, subraya, son peligrosos. «El joven tiene que ser tolerante a la frustración, porque a lo largo de su vida se encontrará muchas veces con un ‘no’», dice  el magistrado. Comentaba el caso de una familia permisiva, que siempre había dicho ‘sí’ a todo lo que le planteaba un hijo. Éste, un día llegó a casa con su chica y le dijo a su padre que se diese una vuelta con su madre y que a él le dejase la habitación para estar con su novia. El padre respondió «no» y recibió una bofetada.

Emancipación

Una de las prácticas a las que se acogen muchos padres después de comprobar que son incapaces de controlar a sus hijos –y evitar así que tengan que desembolsar de sus bolsillos posibles indemnizaciones si sus hijos son condenados– es promover su independencia, que tiene que ser tanto física como económica. Pero se puede llevar a cabo siempre que el joven tenga más de 16 años.

A veces, muchos padres, desesperados, acuden al juez para que les asesore, aunque él lo único que puede hacer es derivarlos a los servicios sociales. Así lo hizo Del Cacho con una mujer que no podía ya con su hijo. Finalmente, éste cometió un delito y fue juzgado y condenado. Como en todos los casos, los padres fueron sentenciados como responsables civiles subsidiarios. Sin embargo, recuerda el magistrado, en este caso la indemnización se ponderó, porque se había visto que la familia había intentado reconducir la situación de su hijo.

Pero la ira de los menores no sólo se dirige hacia sus padres. Sus hermanos y sus abuelos son también el blanco de sus ataques. «No tienen respeto ni con los mayores», sentencia el magistrado: «Creen que tienen todos los derechos y ningún deber». Los menores, cuando se presentan ante el juez, reconocen que lo han hecho. «¿Y qué pasa?, dicen en voz alta. Del Cacho asegura que «en el fondo todo les da igual».

Una de las posibles soluciones a muchas de estas situaciones pasa por las terapias familiares. A principios de mes el juez dictaba una sentencia de conformidad entre las partes en la que se instaba tanto al menor –que en su día fue condenado por robos pero que se ha reformado– como a sus padres a la obligación de asistir a una terapia familiar.

 

 

 
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