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LOS DETECTIVES RECLAMAN NO MANCHEN SU IMAGEN

Los detectives reclaman que el caso de Método 3 no manche su imagen


Lamentan que la presunta trama de espionaje político degrade su reputación. Defienden que investigan y no espían. Se ajustan a un estricto marco legal y están muy vigilados por la Policía

 

RAÚL COSANO | 04/03/2013 18:38 Diari de Tarragona

José Luis González es el decano de los detectives en Tarragona. Cumple 25 años de profesión con despacho en la ciudad. Con su agencia JLG Detectives adjunta una trayectoria impecable y rigurosa en una profesión marcada por la mítica del cine y, ahora, por la degradación que ha sufrido el gremio a raíz de los presuntos casos de espionaje político de la agencia Método 3.

Ante esa mala fama, urge diferenciar claramente la investigación privada del detective y el espionaje. «Hay que distinguir a los profesionales de los que no lo son, los que tienen su licencia reglamentaria de detectives de los que puedan hacerse pasar por ellos. No nos podemos pasar ni un milímetro. Hay una brigada que nos controla. Si nos equivocamos, nos ponen una sanción».

«La cuestión –sigue González– es saber cómo una agencia ha podido hacer todo eso. No lo entiendo. Si estamos regulados por la policía, ¿cómo puede ser que hagan eso? En todo caso, ahora será la justicia quien diga si hubo o no grabaciones ilegales por parte de Método 3», cuenta José Luis González, que reclama: «Pido que no nos metan a todos en el mismo saco. No puede pasar que nos criminalicen. Estamos en la raya, al borde, pero si nos pasamos, nos machacan. Siempre hemos tenido que luchar contra el intrusismo. Toda la vida se han contratado a detectives. La diferencia es que se ha hecho dentro de la legalidad, con encargos solicitados de forma legítima».

Seguir a la vecina del quinto

Los detectives se caracterizan por ir al extremo de la ley, pero sin ultrapasarla. Grabar a terceros se considera espionaje y se exige alguna relación entre contratador e investigado –ya sea personal, jurídica o por contrato– que justifique el interés. «Es decir, para seguir a tu mujer, sí, pero no para investigar a la vecina del quinto, por poner un ejemplo», añade José Luis González.

Esto es, no importa quién encarga el trabajo ni a quién se investiga, sino que la causa sea legítima. «Podemos trabajar para partidos políticos, para una empresa o para quien sea, pero siempre hay que alegar una causa justa», admite González. Es decir, no serían legales vigilancias o seguimientos encargados por terceros sin relación con los investigados, o investigaciones no registradas adecuadamente o grabaciones de conversaciones sin permiso de una de las partes.

El Col·legi de Detectius de Catalunya se muestra esperanzado en que el sector no se vea afectado por el caso de Método 3. «Noticias de este tipo no resultan nada positivas, pero, por fortuna, los ciudadanos tienen claro que los detectives son unos profesionales a su servicio. Hay que recordar que ante una problemática legal, la carga de la prueba cae sobre el afectado y, sin nuestros servicios, sería prácticamente imposible acudir a la justicia con plenas garantías», expone el presidente, Enrique Arranz.

Un libro de registro

Para vigilar el trabajo de los detectives privados, en todas las agencias hay un libro de registro, controlado por la policía, y en el que tienen que constar los datos de quien pide la investigación, los de quien es investigado y el asunto en concreto. Josep Planelles, detective de Logik Team, empresa de Barcelona que trabaja desde hace diez años en Tarragona, es contundente: «Hay que dejar claro que los detectives no espían. Nos dedicamos a hacer investigaciones reguladas por ley. Nuestro trabajo diario es elaborar pruebas de los hechos que pueden estar pasando. Si el motivo del encargo es legítimo y legal, lo llevamos adelante».

Para Planelles, hay que diferenciar la labor pormenorizadamente regulada del gremio de las prácticas presuntamente irregulares que haya podido cometer Método 3: «Si han hecho algo ilegal, ya lo dirá la justicia. Puede ser que el encargo fuera legítimo. Lo que no se puede hacer es grabar conversaciones de terceras personas, pero si uno de los dos interlocutores conoce la grabación, ya es legal y no tiene responsabilidad penal. Espiar es hacer actividades de investigación ilegales. Como en cualquier profesión, hacemos las cosas que nos deja el marco legal, actuando dentro de él. Normalmente nuestros informes acaban en manos de un juez. Por lo tanto, somos los primeros interesados en que el juez no nos tire para atrás la investigación y en que no haya ninguna práctica irregular».

Investigar a políticos

Según argumenta Planelles, en su agencia, centrada fundamentalmente en investigaciones encargadas por empresas, no es común el trabajo con políticos: «Investigar a políticos no es una práctica habitual, pero no quiere decir que sea una investigación ilegítima. El encargo debe ser de parte interesada, un motivo legítimo». Esto es, no es lo mismo una investigación interna dentro de un partido para saber si algún miembro está pasando información a la formación contraria que pinchar el teléfono para saber qué anda tramando el partido rival. «No hace falta caer en la ilegalidad para lograr tus objetivos. Hay muchas vías legales para detectar situaciones irregulares», dice Planelles.

Las agencias reivindican su titulación y se muestran inquietas por el desprestigio. «Muchas veces se nos tilda de espías, cuando estamos ejerciendo una profesión regulada por la Ley de la Seguridad Privada. Sí tenemos un empleo que va al límite, pero no más allá. Si hay empresas que han sobrepasado sus capacidades, que se aclare. Tú puedes pedirme que yo ponga un micrófono a una conversación tuya. Eso es legal. Otra cosa es escuchar a terceros», cuenta Àngels Romeu, responsable de Umbra Detectius.

Limitarse al encargo

«Investigamos y no espiamos», reivindica Ana Maria Macho, directora de seguridad de Affinis en Tarragona. Ella se ocupa de llevar el despacho y las relaciones con los clientes: «Tenemos un reglamento estricto, con estudios de tres años, con un título que otorga Interior. En el caso de Método 3 hay que esperar a ver qué es lo que sucedió».

Según comenta, a Affinis no han llegado encargos para investigar a políticos. «Hay que valorar si es lícito, independientemente de que el que te venga sea un político o alguien representado por él. Si el encargo es legítimo, se puede realizar. Si alguien cree que hay irregularidades, se puede hacer: hay indicios, pero faltan pruebas», comenta Macho, y ofrece otra de las limitaciones del marco legal: «Si hay una sospecha sobre unos hechos, te acotas a investigar eso. Es decir, aunque veas otros aspectos, incluso de la vida íntima de la persona investigada, no se reflejan en el informe. Te limitas a indagar en la cuestión en concreto por la que te han contratado».

 
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