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Anteproyecto de ley y respuesta de Carles

PP+POLICÍA versus DETECTIVES

Cambio 16- Por Juan-Carlos Arias

En Hollywood los policías pisan los talones a detectives que indagan delitos. El terreno de unos y otros, en la ficción, es complejo delimitarlo. Los agentes de la ley creen subordinados a sus competidores, sabuesos tras verdades que les molestan. La realidad española es insólita. La policía, tras orquestar macro-redada contra detectives, encuentra poco: dinero, datos y cloacas políticas. La espectacular actuación se llamó 'Operación Pitiusa'. El 7 de mayo marcó un antes y un después a los detectives españoles. Son casi 3000 licencias, de las que un 60% son activas. A media mañana, el Ministerio del Interior lanza un comunicado: 'Amplia operación de Policía Nacional (CNP) contra una organización dedicada al mercadeo de información y datos personales y empresariales'.
La denominada 'primera fase' de la 'Pitiusa' acumula 73 detenidos y 45 registros en diferentes comunidades (Galicia, Madrid, Euskadi, Cantabria, Valencia y Andalucía) aunque se centra en Cataluña. Allí se enclava el Juzgado de Instrucción nº 17 de Barcelona, que supervisó el operativo.
El comunicado del CNP añade que los arrestados son principalmente detectives, unos 40. El resto de encartados son funcionarios, empleados de telefonía, empresarios, gestores, particulares y el regente de una tienda de productos para el espionaje, que -paradójicamente- provee al CNP, Guardia Civil y CNI. Los delitos que apuntan sobre los encausados son intrusismo, cohecho, revelación de secretos y blanqueo. Los policías de la 'Pitiusa' son judiciales, de blanqueo, seguridad privada y UDEF.
La sorpresa inicial toma cuerpo cuando el mismísimo Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, junto al Director del CNP, Ignacio Cosidó, detalla la 'Operación Pitiusa' ante la prensa mientras visitala Escuelapolicial de Ávila. Tan inusual salida a la palestra acentúa que los detectives centran las actuaciones policiales. Añade que la trama es 'horizontal' y se liga a extorsiones. El Ministro, por último, califica esta Operación de 'magnífica'.
Aquella mañana una Barcelona que podrían relatar Vázquez Montalbán o Andreu Martín ardía, tanto en dependencias policiales y judiciales como en las decenas de agencias de detectives ligadas a los primeros detenidos. Al tiempo, desalmados con teléfono preguntaban por el titular para verificar si está arrestado mientras insultan al interlocutor. Periodistas avezados buscaban claves, pero el secreto sumarial impedía saber más.
A los primeros detenidos se les obstaculiza contactar con sus abogados en favor de los de oficio, que se amontonan cerca de los calabozos. Los detectives fueron citados para una supuesta inspección rutinaria; después les informaron de su imputación al tiempo que les fotocopiaban el libro-registro donde éstos anotan casos, sujetos a reserva. La meta-información tendría precio y testaferros ubicuos. ¿Fue una 'encerrona' teledirigida?
El balance de la primera fase de la 'Pitiusa' se salda también con la incautación de 280.000 Euros, material informático y documental. En la segunda, sobre 30 detectives detenidos se niegan ya a declarar y a que les fotocopiaran sus registros.Todos los detenidos fueron liberados con cargos, sin adoptarse medidas cautelares o fijarles fianza. Algo fallaba en tan 'magnífica' Operación. Los sabuesos implicados creían sufrir una caza de brujas propia del Mc Carthy inquisidor de tan 'peligrosos ciudadanos'.
¿TRAMA? ¿HORIZONTAL?
El origen de la 'Operación Pitiusa' se sitúa en la isla que le da nombre. Un policía local de Palautordera, S.B.C., adquirió una villa en Ibiza que no encaja con su sueldo. En 2011, una detective ibicenca le denunció por investigar casos sin licencia. La policía barcelonesa se topó entonces con parte de la 'organización' traficante de datos. Se añadía otra denuncia; una secretaria despedida por la detective C.P soltó prenda. Cosas del finiquito.
Tirando del hilo, la policía llegó hasta los 'traficantes'. Compraban a funcionarios (policías, guardias civiles, mossos, del INEM y hacienda foral vasca) y directivos de Orange, Movistar y Vodafone historiales laborales, datos del IRPF, IVA, NIF, antecedentes, llamadas y contratos de móviles. Llegaron, los policías, también hasta detectives 'de salón' que revendían datos a sus colegas. Los últimos los incorporaban a informes investigados en diferentes fuentes. Igualmente, se detuvieron a reincidentes en la compra-venta de datos y pseudo-detectives que vendían 'contactos'.
Fuentes jurídicas indicaron a Cambio16 que el recorrido judicial hasta el banquillo de la 'Pitiusa' será difícil. Lo apuntan ya autos judiciales muy benignos sobre los más de 100 imputados que constan en el sumario. Estas fuentes califican de 'perla' anunciar en comunicado policial que la 'Pitiusa' es sobre delitos como intrusismo: ¿Qué título o habilidades no tienen quienes practicaban el 'mercadeo de datos' confidenciales?. El cohecho sólo será aplicable a funcionarios y quienes le pagasen por los ilícitos. La revelación de secretos se relativiza ante ausencia de denuncias singulares de afectados o legitimados por el descubrimiento de los mismos.
Relativo al blanqueo no se sostiene el delito sobre ínfimas sumas incautadas (totalizan 380.000 Euros) entre más de 40 despachos allanados. Cubrían, según declaraciones de los detenidos, dinero 'de mano' para pagos normales en cualquier oficina con plantilla. Por todo ello, el ministerio fiscal lo tendrá crudo para obtener sentencias condenatorias.Las mismas fuentes recalcan que a los detectives debería otorgárseles estatus oficial para acceder a datos protegidos. Paradójicamente, estos se facilitan gratis a quienes ejecutan sentencias judiciales por el servicio de averiguación patrimonial que conexiona bases de Hacienda, Seguridad Social y Tráfico.
Pocos entienden cómo y por qué la policía, encarnada por el ministro y director del CNP, arremeten contra los detectives. Este gremio les regala pruebas que esclarecen delitos al CNP y Guardia Civil. Además, les exigen colaboración permanentemente. La 'Red azul'-CNP es un ejemplo. A partir de la 'Pitiusa' muchos detectives consultados por Cambio16 considerarán si colaborar o no con nuestros agentes de la ley. Marcar el terreno es una alternativa que cobra fuerza entre los más críticos con los modos policiales.
DATOS CONFIDENCIALES, FRONTERAS INCONCRETAS
Expertos en protección de datos indican a esta revista quela Ley15/99 (LOPD) es la más restrictiva de Europa. Su régimen sancionador sería una voraz terminal recaudatoria del fisco.La Agencia Españolade Protección de Datos (AEPD) admite que el 70% de sus multas son confirmadas por Audiencia Nacional, órgano donde se ventilan los recursos. Sotto voce se sabe que muchas denuncias que tramita AEPD alojan pugnas empresariales, venganzas o destapan prácticas alegales, no ilegales. Es llamativo que en AEPD no prosperaron denuncias contra detectives. Sólo exceptuar los 153 millones de pesetas que multaron en 1999 alas subvencionadas Infolega/Interprés/BDI Data ligadas a Manuel Rosa. La red vendía datos judiciales erróneos de morosos. El investigador resucitó; coordina a los detectives-directores de 'Detectys', un credit bureau con plantilla de casi 200 'autónomos'. Nueva fuente, pero más de lo mismo.
Replicando al Ministro del Interior, no hay detective legal condenado o denunciado por extorsión, ni por revelar secretos excepto M.J.F. que usó torpemente datos médicos en un informe.La LOPDampara, no obstante, paradojas y debería tener franquicias. Así lo sugieren varios dictámenes.Las Cámaras de Comercio obtienen datos de Hacienda sobre autónomos y empresas amén de usar la privilegiada 'vía de apremio' para cobrar a sus deudores, algo que desvirtúa el libre mercado. Las Cámaras, ahora de afiliación voluntaria, venden los datos del fisco en camerdata. Qué listos. El censo poblacional y electoral es vigilado celosamente por LOPD y AEPD para evitar abusos y mercadeo de tan cotizada información. Firmas de marketing, bancos, bufetes y multinacionales pagan lo que sea por ello.
Sin embargo, las listas vecinales y de empadronados se exponen en tablones municipales de toda España. Esos datos los codifican ciertas empresas lícitamente. El censo electoral, además, se regala a partidos políticos para publicitar sus candidaturas. Se sabe que 'hacen caja' oficiosamente revendiendo los datos y nadie les multa, ni dice nada.
LOS DETECTIVES REACCIONAN
La Operación Pitiusaha conmocionado este colectivo, cargado de estereotipos ante el ciudadano. Su mayoría nada tiene que ver con el tráfico de datos. Si hay un 'mercado de datos' los más beneficiados no son los investigadores privados, recalcan fuentes de ese gremio.Son la banca, aseguradoras, PYMES, asesorías, gestorías y bufetes. Los detectives sólo investigan verdades o buscan pruebas judiciales por cuenta de clientes. Cuando conocen delitos los reportan al CNP o Benemérita.
'Operación Pitiusa', por tanto, les sorprende. A decenas de investigadores les detuvieron o citaron por meros contactos por Internet o teléfono con los traficantes, no por comprar o vender datos.El que les fotocopiaran sus libros-registro en dependencias policiales lo consideran un gravísimo atentado al debido secreto profesional al que se deben por imperativo de Ley de Seguridad Privada 23/92. Se quejan nuestros investigadores, y con razón, que ni psicólogos, médicos, abogados o cualquiera que se debe al secreto llevan registro alguno donde quede constancia de identidades, o señas de pacientes, clientes o los casos que les ocupen.
Los detectives detenidos pidieron ayuda a sus colectivos. Sus quejas por el maltrato policial (algunos estuvieron en calabozos dos y tres días, les insultaron y trataron como delincuentes habituales) no cayeron en saco roto. El Col-legi de Detectius Privats catalanes fue el más contundente en la defensa de sus imputados. Su Presidente, Enrique Arranz Baldomá y directiva dio asistencia legal y decidió suspender su colaboración para el Día de Seguridad Privada que organiza el CNP, sin prejuzgar la de próximos ejercicios.La minoritaria APDPE, de ámbito estatal, se limita a reproducir noticias de la 'Pitiusa' en su web. Esperarían que el temporal amaine. Igual postura mantienen los colegios valenciano y gallego.
Algunas voces del gremio alertan que la 'Pitiusa' anticipa reformas en Ley de Seguridad Privada que integró a los detectives 'por razones de urgencia' en 1992. Su mejorable imagen corporativa, personalismos y la histórica genuflexión a la policía es una realidad que pocos sabuesos patrios cuestionan. Los más razonables entienden que deberían subordinarse a jueces y fiscales. Nadie obvia que los empresarios de seguridad ansían funciones detectivescas. Su lobby en Interior no desfallece.
SEPARATA: LAS VARAS DE INTERIOR
La 'Operación Pitiusa' muestra credenciales de un Ministerio 'duro', muy expuesto a la opinión pública, garante de la seguridad ciudadana y aval de política criminal, cuyas tasas se dispararon. El tráfico de datos que se imputa a detectives, gestores, funcionarios e intermediarios es anecdótico si consideramos otros mercadeos, mucho más sustantivos, delictivos e impunes desde la noche de los tiempos. Mandos de Interior y dela Inteligenciapatria son 'fichados', sin transcurrir los dos años preceptivos de excedencia más veces que menos, por empresas privadas.
Los empresarios y ejecutivos pagan, obviamente, por 'contactos' que tienen los fichados con sus excompañeros. Palabras como incompatibilidad, ética y codicia por multiplicar nómina funcionarial brotan con interrogantes en prácticas que rozan el delictivo tráfico de influencias y de datos protegidos.Desconocemos operaciones policiales o actuaciones judiciales contra estos 'fichajes' que agravian el libre mercado en detrimento de los profesionales. Todo se cuece con información privilegiada que poseen unos 'agraciados' a los que además les guardan el cargo oficial al revocarse las excedencias otorgadas.
Ejemplos sobran. El fundador del CNI (antes CESID), Jorge Dezcallar, lo contrató Repsol. Renunció a la diplomacia y quizá a su pasión bibliófila. En su día, el 'fichaje' lo cuestionó un PP ahora mudo, igual que cuando Repsol fichó al ex nº 2 del CESID, Coronel Juan Alberto Perote y al Comisario Álvarez, su empresa Check-In más otros condenados del 'caso GAL'. También venderían 'informes' a MERCADONA, entre otras. Juan Salom, Tte. Coronel experto en delitos telemáticos dela Benemérita, sucumbió ante ofertón del Banco de Santander. El tricornio del General Llaneras fue consejero de proveedores de Guardia Civil y condenado por prevaricación tras adjudicar obras a los mismos. Fue en la época de Roldán.
Por norma, EL CORTE IGLÉS contrata a Comisarios de policía para 'seguridad' de sus centros. RENFE, aseguradoras, hoteleras, financieras, empresas de seguridad. pagan sueldazos a militares y policías en activo, no por su talento o valía, por sus 'contactos'. ¿Por qué no contratan a técnicos, sin uniforme o placa?.Algo curioso pasa en la líder cervecera española, Heineken España. Contrataría 'inteligencia' a un ex guardia civil de turbio pasado con fama de pagar comisiones a clientes, hacer 'doblete' (cobrar del Objetivo también) y extorsionar tras cobrar por informes 'de diseño', encima cargados de humo. La multinacional holandesa que 'piensa en verde' cualquier día se quedará en blanco. Tiempo al tiempo.
DESPIECE: ¿TEME EL PP A LOS DETECTIVES?
La 'Operación Pitiusa' desvelaría un posible correctivo del PP contra los detectives. Podría articularse desde sus más oscuras estructuras. Una semana antes de lanzarse el operativo, casualmente, admitió una demanda el Juzgado 5 de Coslada contra María Dolores de Cospedal, secretaria general y presidente castellanomanchega. La instó 'Detectives Almirante'.La veterana agencia reclama más de 100.000 Euros a la líder conservadora por 'daños al honor'. Ella les acusó en numerosos medios, sin aportar pruebas contundentes ni retractarse a posteriori, que a Almirante la usaría el PSOE. Pero se acreditó que investigaron un prosaico caso de acoso a un arquitecto municipal de Ciudad Real. Nada, pues, de conspiraciones.
Otras pistas estarían en 'informes' que circularon en 'caso espionaje', que conmovió la cúpula del PP madrileño. Tras imputarse a detectives que elaboraron dossiers comprometedores la llama judicial renace.La 'red Gurtel', que trae de cabeza al PP, se aclaró en parte con investigaciones de detectives contratados por empresarios afectados del trapicheo.
Aún más. Otra pista apunta a un informe sobre Javier Arenas. Incluiría fotos juveniles del ex ministro y su patrimonio. El PSOE lo filtró durante las últimas elecciones andaluzas para descalificar al eterno candidato a Presidente del PP. El Informe reparte mentiras y se hizo hace años.Lo más llamativo en 'Pitiusa' se destapó inicialmente con la detención de una ex cuñada del Ministro Fernández Díaz, empleada del INEM en Badalona. Más historias conducen a su hermano Alberto, líder municipal del PP barcelonés y vicepresidente de su Diputación. Amistades peligrosas centrarían informes 'conductuales' que queman de mano en mano.
Alberto tendría dos frentes. En uno torearía a una abogada y chantajista argentina L.M.C -hija de ex milico ahora proxeneta en Cancún (México)-. En otro se situaría Fernando Martínez, secretario de organización del PP catalán cuando lo presidía Alberto. Martínez asesora la patronal de clubes de alterne catalana. Y se ligaría a los 'escandalazos' del Saratoga y Riviera.
Fuentes solventes añaden que hay interés objetivo en criminalizar a los detectives españoles. Presentarlos como delincuentes ante la opinión pública relativizaría el valor probatorio de sus informes en juzgados.La verdad es otra. El repertorio jurisprudencial, doctrina del Supremo y Constitucional corroboran el tesón, rigurosidad y profesionalidad de nuestros investigadores privados, huérfanos de Ley que los regule ad hoc. Nadie niega que Informes de investigadores levantan ampollas en bufetes, consultorías, multinacionales y empresarios próximos al PP. Los últimos se quejarían desde hace tiempo. Entienden que les ha llegado su hora.
El proyecto 'Eurovegas', que alienta Sheldon Adelson, sería la guinda. De aprobarse su faraónica apuesta en las afueras de Madrid precisará casi 2000 vigilantes no uniformados en casinos y hoteles. Empresarios de seguridad presionarían al PP para que tales funciones las hagan empleados suyos sin cualificar, no detectives cuya licencia exige diplomatura universitaria y requisitos que no se contemplan para la guardería jurada.
No sólo al PP incomodan los detectives. El PSOE en el poder los ató corto junto a vigilantes y escoltas enla Leyde Seguridad Privada de 1992. Antes surgió el 'caso Juan Guerra', que se inició sobre Informe de un detective que contrató su primera exmujer. Una trama de empresas se desveló.Idéntica situación sucedió a Luis Roldán, aquel impostor y prófugo que dirigierala Benemérita. Suex esposa contrató al fallecido Pedro Barrachina, quien documentó su patrimonio y amoríos ocultos. Un completo dossier sobre recalificaciones 'a la carta' de RENFE al expropiar líneas del AVE destituyó al Ministro García Vargas cuando la presidía.
Estos profesionales libres, nuestros detectives patrios, evidentemente molestan al poder. No importa quién lo detente. Como en Hollywood, los malos son perseguidos por los buenos. Los primeros son inocentes, pues sólo persiguen verdades que incomodan. Y viven entre las bambalinas de una sociedad hipócrita, que rehúsa investigar a quienes la manejan a su antojo mientras pregonan el bien común y se lucran con el beneficio particular. Nos preguntamos finalmente: ¿Spain is different?.

 
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