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CASO BENITEZ

Los mossos acusados por el caso Benítez no logran un pacto para evitar la cárcel

La defensa de los agentes intenta apartar del proceso a la acusación popular ejercida por la Asociación Catalana de Derechos Humanos

 

, Barcelona

08/03/2016 17:48 | Actualizado a 08/03/2016 17:54  La Vanguardia

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha impedido a los seis mossos procesados por la muerte de Juan Andrés Benítez pactar una condena por homicidio imprudente que les libre de entrar en prisión, al negarse a expulsar del caso a la acusación popular, principal escollo para el acuerdo.

El auto de la sala civil y penal del TSJC desestima el recurso presentado por la defensa de los mossos d’esquadra acusados de la muerte de Juan Andrés Benítez, fallecido en octubre de 2013 en una reducción policial en el barrio barcelonés del Raval, para apartar a la acusación popular ejercida por la Asociación Catalana de Derechos Humanos.

La Asociación es el principal impedimento para un acuerdo entre las partes que evite que los agentes sean juzgados por un jurado, ya que se opone al pacto que están negociando las defensas, la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la familia de la víctima para que los mossos acepten una condena por homicidio imprudente de como máximo dos años de cárcel.

La defensa de los agentes procesados por la muerte de Juan Andrés Benítez, en una propuesta apoyada por la Fiscalía y la acusación particular, pidió al TSJC que expulsara a la Asociación de Derechos Humanos, esgrimiendo el nuevo Estatuto de la víctima aprobado en 2015, que reconoce el derecho de las acusaciones populares a ejercer acciones siempre que ello sea autorizado por los perjudicados.

El auto desestima la petición de las defensas, al entender que ésta deberá formularse ante el magistrado presidente del jurado popular que deba juzgar a los agentes, antes del juicio oral, que todavía no se ha señalado.

El TSJC reconoce que la cuestión planteada es “una de las claves de las reforma del Estatuto de la víctima”, pero también advierte de que esa norma entró en vigor en diciembre de 2015, cuando ya estaba iniciado el proceso contra los mossos d’esquadra acusados de la muerte de Benítez, por lo que es posible que no pueda aplicarse retroactivamente.

La Fiscalía pide once años de prisión para seis de los agentes imputados por la muerte y año y medio para otros dos acusados de encubrimiento

La sala desestima también la petición de las defensas de que se practique una segunda autopsia al cadáver de Benítez porque, a su parecer, para la exhumación del cuerpo “deben darse razones más allá de una presunta vulneración del derecho de defensa” y unas “circunstancias especiales” que, en su opinión, no concurren en este caso.

La juez del “caso Benítez” ha enviado a los seis agentes a un juicio con jurado popular por un delito de homicidio -y a otros dos como encubridores- tras concluir que, en octubre de 2013, causaron la muerte del empresario al reducirlo de forma “violenta y desproporcionada”, asumiendo así las altas probabilidades de que falleciera.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular piden que los seis mossos procesados por acabar con la vida de Benítez sean juzgados por homicidio doloso -en que el autor asume las posibilidades de causar la muerte de la víctima-, pero subsidiariamente aceptan un homicidio imprudente.

La Fiscalía pide once años de prisión para seis de los agentes imputados por la muerte -así como año y medio para otros dos acusados de encubrir la actuación de sus compañeros- y que indemnicen conjuntamente a la hermana de la víctima con 100.000 euros.

Si aceptaran una condena por un delito de homicidio imprudente, castigado con penas de entre uno y cuatro años, los mossos procesados deberían reconocer ante el tribunal que causaron la muerte de Benítez por usar una fuerza desproporcionada en la reducción.

 
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